La Consejería de Educación del Gobierno de Aragón ha decidido que vuelvan los exámenes de septiembre para los alumnos de enseñanza obligatoria. Hasta ahora, la convocatoria extraordinaria se realizaba en el mes de junio, es decir, a los diez o quince días de que los alumnos hubieran realizado las evaluaciones finales del curso.
Los fundamentos psicopedagógicos en los que se apoyaba la LOGSE para justificar este dislate se basaban en principios educativos que comparto, pero una cosa son los objetivos que se persiguen y algo muy distinto la consecución de los mismos, la metodología que se aplica y las estrategias que se utilizan.
Analicemos estas premisas: la evaluación debe ser continua, con lo que deberá valorarse el esfuerzo, los progresos: no sólo importan las notas, los exámenes, la memorización, deben evaluarse las competencias básicas; la educación debe huir de la homogeneidad y adaptarse a la realidad sociocultural del alumno, que deberá tener los apoyos y refuerzos necesarios durante el curso para evitar que los deba recibir en verano, lo que conllevaría un coste económico que no todas las familias pueden soportar. En definitiva, debieran tomarse las medidas necesarias en el día a día que ayuden a mejorar el rendimiento escolar y prevenir el fracaso escolar (33% en Aragón, y no mejora).
Decía que compartía estos principios, pero ¿cuáles son los resultados?
Que la evaluación debe ser continua, integral, basada en competencias, actitudes y aptitudes, saberes, procedimientos, estrategias, métodos… en valores como el esfuerzo, el compromiso, la responsabilidad, la implicación… que la calificación final debe medir muchas variables y no sólo la de conocimientos teóricos está claro (¿para cuándo nos plantearemos los principios de “Bolonia” en la enseñanza preuniversitaria?) ; pero la necesaria asimilación de conceptos básicos sin los que es imposible poder continuar cualquier proceso de aprendizaje también lo es y lo contrario alimenta la desmotivación, uno de los principales aliados del fracaso escolar.
Es evidente que la educación debe huir de la homogeneidad: ni los individuos son iguales ni las realidades sociales, familiares y culturales lo son, pero resulta que estamos aplicando patrones educativos similares a cuando esa realidad era mucho más homogénea. ¿Perjudicará mucho a la persecución de ese objetivo que a un alumno, sea cual fuere su realidad sociocultural, se le dé una nueva oportunidad dos meses después de haber finalizado el curso?
También es verdad que cuantos más apoyos recibiera el alumno durante el curso más posibilidades se pondrían a su alcance para que cada día fueran menos los que debieran examinarse en septiembre y esto implica a toda la comunidad educativa: al centro escolar, a las familias, a las ampas, a la administración. Pero al parecer esto no está siendo así y lo que no podemos hacer es mirar a otro lado y esperar a que se consiga sin hacer nada hasta entonces.
En resumen: Pónganse las medidas necesarias para que cada vez sean menos los estudiantes que deban examinarse en septiembre, porque entonces diremos que el sistema en su conjunto (insisto: la comunidad escolar) goza de buena salud, pero no nos opongamos a medidas que se toman precisamente porque esa salud es precaria. El sentido común, simplemente eso, debe imponerse.
Por cierto, ¿saben ustedes algo de aquel Pacto por la Educación? Porque aquí seguimos dando vueltas y vueltas a aspectos aislados pero no nos atrevemos o no queremos abordar el problema en su conjunto. Y la actual coyuntura socioeconómica obliga a abordar con urgencia los males de la educación sin dilación alguna.
¡Manos a la obra!
Miguel Ángel Heredia
Presidente de Fundación Piquer
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